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    FACULTAD DE DERECHO Y    CIENCIAS SOCIALES

 

 

 

LEY DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA

ALCANCES Y EFECTOS EN EL MUNDO GLOBALIZADO

 

 

 

                           POR:

                              JOSUE FRANCISCO CERCVANTES GOMEZ

 

 

 

 

 

 

 

INDICE:

Introducción

Bilateralidad de Derechos y Obligaciones

Una ley polémica: Homosexualidad y Estado civil

Especificidad  de la ley

Alcances de la ley

Historia de la Ley

Historia de la iniciativa de Ley

Otros beneficiados

Como usar la ley

Conclusión

 

 

 

 

 

 

 

Ley de Sociedad de Convivencia

 

 

L

a llamada Ley de Sociedad de Convivencia es un ordenamiento aprobado el día 9 de noviembre del 2006 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la ciudad de México. Los lineamientos para su aplicación se publicaron el 5 de marzo del 2007. Da reconocimiento legal a aquellos hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad. La ley contempla y determina ciertos derechos y obligaciones para los miembros de la sociedad de convivencia, de los que carecían muchas familias antes de la creación de esta ley. Entre otros, se definió en ella el derecho a heredar (la sucesión legítima intestamentaria), a la subrogación del arrendamiento, a recibir alimentos en caso de necesidad y a la tutela legítima —en casi todo México sólo gozan de estos derechos los ascendientes, descendientes o el cónyuge legal de una persona. Gracias a esta nueva ley, se pueden registrar sociedades de convivencia en el Distrito Federal a partir del día 16 de marzo del 2007.

Bilateralidad de derechos y deberes

Es una ley civil autónoma de interés público. Aún si se limitara a dar algún beneficio a una minoría seguiría conservando este carácter (al igual que la Ley de Derechos de Autor, que solamente protege a los creadores), pero en realidad reconoce derechos y obligaciones para las personas que suscriben un convenio de sociedad de convivencia, es decir, desde el momento en que los convivientes firman su convenio adquieren derechos y obligaciones bilaterales. Al registrar este convenio ante la Dirección Jurídica de la delegación política correspondiente, comienzan a surtir efecto sus derechos oponibles a terceros equivalentes a conconcubinos (pareja de hecho). Luego de dos años del registro, se adquiere también el derecho a ejercer legítimamente la tutela sobre la persona conviviente y sobre sus bienes (en caso de enfermedad grave o imposibilidad de gobernarse), de manera equivalente a los cónyuges.

Una ley polémica: homosexualidad y estado civil

Esta ley adquirió una notable celebridad debido a que los medios de comunicación la manejaron como una legislación presuntamente destinada a equiparar las relaciones homosexuales al matrimonio, cuyo acceso anteriormente estaba reservado exclusivamente para parejas heterosexuales. En realidad, esta ley no reconoce vínculos familiares y solamente concierne a los adultos de cualquier sexo o género que subscriban el convenio, en ningún caso a los menores hijos de cualquiera de los convivientes. Además, el hecho de establecer una sociedad de convivencia no cambia el estado civil de los convivientes, que siguen siendo solteros legalmente. Por ello, la sociedad de convivencia no es realmente equiparable a un matrimonio, sino que más bien es una forma de unión civil.

Especificidad de la ley

Por ser una ley especial su diseño legal presenta algunas características distintas:

Para hacer efectivo el derecho a obtener alimentos tienen que transcurrir dos años y en relación con los derechos sucesorios la ley remite a las reglas del Código Civil, por lo que el conviviente que sobrevive heredará como si fuera el cónyuge del conviviente muerto. Si existen hijos, heredará como un hijo y, si existen padres, heredará la mitad del patrimonio.

La tutela debe declararse judicialmente, proceso que no es automático, pero en el que se sigue un orden para que el juez designe tutor, pues en este procedimiento intervienen todos aquellos que legalmente puedan ejercitarla. Como la Ley de Sociedad de Convivencia equipara al conviviente con el concubino y con el cónyuge, se entiende que el juez deberá preferir en primer lugar, para designar tutor, al conviviente.

Las sociedades de convivencia se inscriben en un registro propio, distinto al Registro Civil, pero las autoridades administrativas ante las que se registran se cercioran previamente a la formalización del acto de que ninguno de los solicitantes se encuentre unido en matrimonio.

Alcances de la ley

En cuanto a los alcances de la ley, próximamente podremos conocer si a través de demandas contra el IMSS por discriminación se logra jurisdiccionalmente obtener la equiparación plena al concubinato para los fines de seguridad social (atención médica para el conviviente no asegurado y pensiones de viudedad).

A través del matrimonio y el concubinato se puede tener acceso a los beneficios de la seguridad social, no por alguna dispoisición intrínseca establecido en el Código Civil, sino por lo que establecen los reglamentes del IMSS, ISSSTE, ISSFAM, como organismos federales de seguridad social.

Historia de la ley

La primera iniciativa de Ley de Sociedad ley de Convivencia fue presentada por la legisladora independiente Enoé Uranga desde el año 2001, pero en aquel entonces fue bloqueada por el Partido Acción Nacional (PAN), por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) e incluso por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La ley fue apoyada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), por el Consejo Nacional para Eliminar y Prevenir la Discriminación (Cenapred), por las organizaciones feministas y de derechos de las minorías sexuales (ONG), y también por intelectuales y artistas diversos.

La ley fue atacada por la jerarquía de la iglesia católica, por la Agrupación Política Nacional Encuentro Social y por el partido local del Estado de México Unidos por México (que agrupan a evangélicos fundamentalistas) y organizaciones conservadoras paracatólicas como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), los Caballeros de Colón, RedFamilia y ProVida.

Según una encuesta realizada por la empresa Parametría en mayo de 2003, el 55 por ciento de la población general estaba a favor de la ley de sociedades de convivencia. Desagregada, la información muestra que:

Historia de la iniciativa de ley

La legisladora independiente Enoé Uranga presentó la iniciativa original en el año 2000, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la II Legislatura de la ALDF. Una vez que la influencia del líder perredista Andrés Manuel López Obrador disminuyó después de una apretada derrota en las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2006 y de que Alejandro Encinas, por entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, apoyó el proyecto de ley, el PRD, bajo la coordinación del diputado Víctor Hugo Círigo, la convirtió en el primer objetivo legislativo de su bancada, que es mayoritaria en la Asamblea Legislativa y, en gran medida, gracias a ella se logró su aprobación. Formalmente, la iniciativa fue vuelta a presentar en esta IV Legislatura de la ALDF por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

La ley contó además con los votos del Partido Revolucionario Institucional y con los de los partidos Convergencia Democrática, Nueva Alianza (dividido, pues Gloria Cañizo se abstuvo y Fernando Espino Arévalo votó en contra) y Partido del Trabajo, pero con la abstención del Partido Verde y la franca oposición del Partido Acción Nacional (PAN), quien argumento que la iniciativa no había sido lo suficientemente discutida, a pesar de que llevaba casi seis años en debate. Los observadores afirman que el PAN se opuso debido a su cercanía ideológica a la iglesia católica. Un diputado del PRD, Samuel Hernández Abarca, se abstuvo debido a que pertenece a la iglesia fundamentalista de origen mexicano La Luz del Mundo.

Otros beneficiados

Dado que la sociedad de convivencia puede terminarse por mera notificación presentada por una de las partes (o por ambas) a la Dirección Jurídica de la delegación política correspondiente, cada vez un mayor número de parejas heterosexuales la consideran seriamente como una opción menos coercitiva que el contrato matrimonial usual.

Cómo usar la ley

Impacto Social

La iniciativa de ley de las Sociedades de Convivencia ha generado una gran controversia. Las personas directamente interesadas, homosexuales, sus familias y personas que abogan por el derecho de las minorías buscan que ésta se apruebe, mientras que los más conservadores temen que con ella se atente contra la familia y contra el matrimonio mismo por lo que consideran que sería negativo que una iniciativa así se aprobara.

Frente a este último argumento, a mi me surgen varias dudas ¿cómo podría afectar directamente al matrimonio heterosexual que dos personas del mismo sexo tengan una serie de garantías, o que dos personas que viven juntas y que no son pareja cuenten con un respaldo legal?. Entiendo que el argumento es que de manera “natural” el matrimonio debe ser entre personas de distinto sexo y que, por eso, equiparar a una pareja de personas del mismo sexo con ésta institución no parece operante. Pero en realidad la sociedad de convivencia no es un matrimonio, ni tampoco es exclusivo para homosexuales. Es un contrato entre dos personas, independientemente de su sexo, que acuerdan apoyarse en la tutela, alimentación y sucesión. Eso quiere decir que si dos ancianas viven juntas de común acuerdo y comparten una propiedad, cuando uno de ellas muera la otra podrá reclamar la casa. O que si una de las dos personas en el contrato, enferma, la otra tiene autoridad para tomar decisiones sobre su salud, como hacerse responsable en una intervención quirúrgica. Y también, quiere decir, que si dos personas del mismo sexo, que son pareja, quieren vivir juntas y desean contar con garantías de alimentación, patrimoniales y de sucesión pueden hacerlo. Pero no sólo ellas, ni tampoco son declarados marido o mujer, ni juran amarse y respetarse ante la ley, eso ya es asunto personal; parte de su vida privada.

Que no estén conformados legalmente como una unidad, no significa que las parejas homosexuales no existan ni que haya grupos de personas que no son parientes y que viven juntas. Lo que sí significa, es que con frecuencia se enfrentan a una serie de complicaciones innecesarias y que por no cumplir con un modelo tradicional de convivencia, ven reducidas sus garantías como individuos, homosexuales o heterosexuales.

Quien tiene dentro de sus planes formar una pareja con alguien del sexo opuesto, casarse por lo civil, con una ceremonia religiosa y luego tener hijos, no lo va a dejar de hacer porque otras personas tengan garantías aún cuando vivan en situaciones diferentes. Y quienes son del mismo sexo y deciden vivir en pareja, tampoco lo van a dejar de hacer porque el resto no lo apruebe.

Negar lo que ya existe muchas veces sólo deja a más gente desprotegida. Déjeme le pongo un ejemplo de un caso distinto, pero que igual habla de la negación de la realidad y la desprotección. En Chile estuvo prohibido el divorcio hasta hace muy poco que se tomó la opción de permitirlo siempre y cuando quedara estipulado en el contrato inicial. Es decir que ahora, el día que usted se casa le preguntan “¿lo quiere con opción de divorcio o no?”, una pregunta un poco incómoda cuando está firmando que se une a la persona que ama y tiene toda la ilusión de que la relación dure. Eso no significó que la gente no se separara y se volviera a casar. Lo único que había que hacer era decir que alguna declaración —como la dirección de uno de los testigos— era falsa y el matrimonio quedaba anulado. Al quedar anulado, los hijos de esa unión pasaban a ser “naturales” y al haber sido concebidos fuera del matrimonio, no gozaban de los mismos derechos que los demás niños o que los hijos del padre o la madre con su nueva pareja. La cantidad de parejas separadas en Chile es enorme y, con ello, la cantidad de hijos desprotegidos durante todo este tiempo también.
Las cosas no dejan de pasar cuando se niegan.

Y además, ¿quién tiene la autoridad suficiente para decidir si las personas se tienen que seguir amando cuando ya no lo hacen o tienen que sentirse atraídos por otras personas, o negar su sexualidad, o adaptarse a un sólo modelo?

 

Libertad Sexual  como puerta de avance del siglo XXI


El Director del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez Gómez, advirtió que la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia atenta contra los valores morales que sustentan la sociedad y recordó que la Iglesia no rechaza a las personas homosexuales, pero sí los actos homosexuales por ser "intrínsecamente desordenados".

En conferencia de prensa, Martínez Gómez explicó que la oposición a esta iniciativa "se fundamenta no solo en juicios morales, sino en criterios jurídicos que la hacen insostenible y que ponen de manifiesto sus verdaderas intenciones, el engaño que encierra su aparente bondad y las consecuencias destructivas que traerá tanto a la institución familiar como al tejido mismo de la sociedad".

Acompañado por el Director General de Comunicación Social del Arzobispado de México, P. Hugo Valdemar Romero, Martínez Gómez señaló que un homosexual que se queja de discriminación porque no lo dejan casarse con alguien del mismo sexo, "es como si un polígamo se queje de discriminación porque no lo dejan casarse con varias mujeres, o un promiscuo con varios y varias a la vez".

Asimismo, pidió que se abra un debate en torno a este proyecto "como corresponde a una sociedad democrática, y no se use la vieja usanza, que parecía ya erradicada: la tiranía de la mayoría parlamentaria para pagar cuotas a grupos minoritarios".

En ese sentido, el Director del Colegio de Abogados Católicos denunció que "esta nueva ley que se pretende aprobar está siendo tomada como una venganza contra la Iglesia Católica por los grupos más radicales de la izquierda que así sienten que alcanzan reivindicación y justicia, pero no se percatan que con su pretensiones egoístas y ciegas dañan a la familia y al mismo tejido social, atacan los principios del Evangelio y destruyen los valores morales sobre los que se funda la sociedad".

La iniciativa de ley será analizada por las comisiones de Equidad y Género y de Derechos Humanos, y pasará a debate el próximo jueves en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Por su parte, el diario El Universal informó que "integrantes de la comunidad lésbico-gay reconocieron que la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia es un paso importante en el reconocimiento de sus derechos, pero advirtieron que este resulta insuficiente y que ahora pelearán por conseguir el matrimonio".

LEY DE SOCIEDAD DE CONVIVENCIA DEL DISTRITO FEDERAL , No fue suficiente esta Ley para regular los derechos de las parej

 

Es una figura jurídica creada por la ALDF para regular la convivencia de dos personas físicas de diferente o del mismo sexo que pretenden establecer un hogar común, con permanencia y ayuda mutua. La Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal señala que es un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua, obligando a las o los convivientes, en razón de la voluntad de permanencia, ayuda mutua y establecimiento del hogar común, Surtiendo efectos contra terceros cuando la Sociedad es registrada ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno del Órgano Político-Administrativo correspondiente. No podrán constituir Sociedad de Convivencia, las personas unidas en matrimonio, concubinato y aquéllas que mantengan vigente otra Sociedad de Convivencia. Tampoco podrán celebrar entre sí Sociedad de Convivencia, los parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o colaterales hasta el cuarto grado. la Sociedad de Convivencia se regirá, en lo que fuere aplicable, en los términos del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan de este último, se producirán entre los convivientes. La Sociedad de Convivencia se rige conforme lo dispuesto por el artículo 16 de dicha Ley en los supuestos de los artículos 13,14, 15,18, 21 y 23 de esta ley se aplicarán, en lo relativo, las reglas previstas en el Código Civil para el Distrito Federal, generando al igual que los cónyuges y concubinos el deber recíproco de proporcionarse alimentos, derechos sucesorios vigentes a partir del registro de la Sociedad de Convivencia, aplicándose al efecto lo relativo a la sucesión legítima entre concubinos. En caso de que uno de los convivientes sea declarado en estado de interdicción, en términos de lo previsto por el Código Civil para el Distrito Federal, la o el otro conviviente será llamado a desempeñar la tutela, siempre que hayan vivido juntas o juntos por un período inmediato anterior a dos años a partir de que la Sociedad de Convivencia se haya constituido, aplicándose al efecto las reglas en materia de tutela legítima entre cónyuges o sin que mediare este tiempo, cuando no exista quien pueda desempeñar legalmente dicha tutela, en cuanto a las relaciones patrimoniales que surjan entre las o los convivientes, se regirán en los términos que para el acto señalen las leyes correspondientes, y en el caso de terminación de la Sociedad de Convivencia, el conviviente que carezca de ingresos y bienes suficientes para su sostenimiento, tendrá derecho a una pensión alimenticia sólo por la mitad del tiempo al que haya durado la Sociedad de Convivencia, siempre que no viva en concubinato, contraiga matrimonio o suscriba otra Sociedad de Convivencia. Este derecho podrá ejercitarse sólo durante el año siguiente a la terminación de dicha sociedad. La Sociedad de Convivencia termina: I.- Por la voluntad de ambos o de cualquiera de las o los convivientes. 6 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 16 de noviembre de 2006 II.- Por el abandono del hogar común de uno de las o los convivientes por más de tres meses, sin que haya causa justificada. III.- Porque alguno de las o los convivientes contraiga matrimonio o establezca una relación de concubinato. IV.- Porque alguno de las o los convivientes haya actuado dolosamente al suscribir la Sociedad de Convivencia. V.- Por la defunción de alguno de las o los convivientes. Si al término de la Sociedad de Convivencia el hogar común se encontraba ubicado en un inmueble cuyo titular de los derechos sea uno solo de las o los convivientes, el otro deberá desocuparlo en un término no mayor a tres meses, Dicho término no aplicará en el caso de que medien situaciones que pongan en riesgo la integridad física o mental del titular. En este caso, la desocupación deberá realizarse de manera inmediata, Cuando fallezca un conviviente, y éste haya sido titular del contrato de arrendamiento del inmueble en el que se encuentra establecido el hogar común, el sobreviviente quedará subrogado en los derechos y obligaciones de dicho contrato. En caso de terminación de una Sociedad de Convivencia, cualquiera de sus convivientes deberá dar aviso por escrito de este hecho a la autoridad registradora del Órgano Político Administrativo del hogar en común, la que deberá hacer del conocimiento de dicha terminación al Archivo General de Notarias. La misma autoridad deberá notificar de esto al otro conviviente en un plazo no mayor de 20 días hábiles, excepto cuando la terminación se dé por la muerte de alguno de las o los convivientes en cuyo caso deberá exhibirse el acta de defunción correspondiente, ante la autoridad registradora. En caso de que la terminación de la Sociedad sea por la ausencia de uno de las o los convivientes, la autoridad procederá a notificar por estrados. La Sociedad de Convivencia deberá hacerse constar por escrito, mismo que será ratificado y registrado ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno del Órgano Político Administrativo del domicilio donde se establezca el hogar común, instancia que actuará como autoridad registradora.

 

Fundamento Legislativo

 

El paso fue dado un día común y corriente para muchos de los mexicanos, pero tenemos aquí un suceso de gran valor legislativo para la historia del México contemporáneo. Y es que pareciera fácil alzar la voz y decir, exponer y argumentar, pero lo que es cierto es que ante cualquier prejuicio y la polémica que se levantaría, los  integrantes de la asamblea del D.F. decidieron que era el momento de avanzar en materia legislativa, siendo esta una de las leyes mas polémicas en la historia de nuestra nación. Es por ello, que se ha decidido analizar el texto de la exposición de motivos que fundamenta la discusión de dicha ley:

 

“En México hemos transitado hacia una democracia electoral en donde se reconoce el pluralismo político y se acepta lo diverso.  Para afrontar este pluralismo, hemos construido instituciones y leyes; hemos avanzado en modificar reflejos autoritarios, por formas de reacción tolerantes hacia expresiones políticas diferentes.  El reto hoy es reconocer, aceptar y garantizar el pluralismo social.  Así como fuimos capaces de construir instituciones que fortalecieran nuestra democracia, ahora es tiempo de unir esfuerzos para el pleno reconocimiento y el pleno respeto a la diversidad social.

 

Discutir, y en su caso, aprobar la Ley de Sociedad de Convivencia representa una verdadera prueba de pluralismo democrático, representa el reconocimiento del derecho a la diferencia y que las personas pueden decidir legítimamente sobre sus relaciones personales

 

Hemos sido testigos en las últimas décadas del surgimiento y desarrollo de nuevas formas de convivencia, distintas a la familia nuclear tradicional.  En todo el mundo, los modelos de convivencia están pasando por profundas transformaciones debido, en gran medida, a la redefinición de las relaciones entre los géneros, y a la conquista de derechos civiles y sociales.

 

Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), señalan que en el país hay 26.6 millones de hogares que albergan a 106.8 millones de personas, de ellos 24.5 millones son familiares, es decir, al menos dos de sus integrantes tienen parentesco por consanguinidad. Los 2.1 millones de hogares restantes están conformados por personas sin parentesco.

 

El CONAPO también señala que existen 17.8 millones de hogares denominados nucleares, los cuales se integran por una pareja con o sin hijos, o bien, por uno de los padres con al menos un hijo o hija, mientras que 6.7 millones se forman por dos o más parientes, e incluso por personas sin parentesco, los que se conocen como hogares extensos.

 

Respecto a hogares constituidos por parejas del mismo sexo, no existe registro estadístico oficial. Ni las investigaciones sociodemográficas, ni los censos de población y vivienda oficiales, toman en cuenta este tipo de relaciones sociales. No obstante, la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral (SOMESHI) coincide en afirmar, como lo hacen numerosas investigaciones a escala internacional[1], que alrededor del 20 por ciento de la población tiene o ha tenido parejas del mismo sexo.

 

En un estado democrático de derecho no existe razón, ni fundamento jurídico alguno, que sustente la falta de reconocimiento de derechos civiles y sociales por causa de preferencia sexual y/o afectiva de las personas.

 

Sin embargo, de acuerdo con la Primera Encuesta Nacional sobre la Discriminación, 2005; el 94 por ciento de las personas homosexuales se perciben discriminadas, dos de cada tres indican que no se han respetado sus derechos, y para el 70 por ciento de las personas homosexuales en los últimos cinco años la discriminación ha aumentado.

 

En la realidad, la garantía constitucional de igualdad de trato y de derechos es violentado cotidianamente.  Es importante decirlo con claridad, las personas de orientación sexual diversa, enfrentan situaciones de segregación social, falta de oportunidades, violación a sus derechos humanos, políticos, sociales, económicos y culturales, incluso son frecuentemente víctimas de crímenes de odio por motivos de lesbofobia y homofobia.

 

Ante estos hechos, resulta imperativo construir un marco jurídico que contemple y proteja las diversas formas de convivencia, erradique y prevenga la discriminación. y promueva una cultura de respeto a la diversidad social. Una condición indispensable de la modernización y democratización de los Estados, así como del ejercicio de una ciudadanía plena, ha sido la implantación y el arraigo de valores incluyentes, igualitarios y respetuosos de la diversidad.

La iniciativa de Ley de Sociedad de Convivencia no puede entonces analizarse como un hecho aislado en la búsqueda por construir una sociedad más justa y respetuosa de las diferencias.  El 8 de agosto de 2001 se reformó el Artículo 1 Constitucional para incluir, por primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano, un párrafo relativo a la discriminación, estableciéndose que:

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

 

En nuestro orden jurídico, ésta expresa prohibición a la discriminación, se encuentra reforzada por diversas declaraciones, convenciones y pactos internacionales que, en virtud del artículo 133 constitucional, son ley suprema de la unión y obligan a los poderes públicos a realizar las modificaciones correspondientes para armonizar la legislación nacional.”

 

 

 

Crónica del hecho

 

Con una votación final de 38 sufragios a favor, 19 en contra y tres abstenciones, el pleno de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) aprobó hoy la Ley de Sociedad de Convivencia, que permitirá la unión jurídica entre personas de diferente o del mismo sexo para establecer un hogar común.

Esta es una excelente noticia para la comunidad gay (que lleva años luchando por ese y otros derechos) ya que ahora podrán exponer ante la ley su compromiso y de esta forma adquirir derechos y obligaciones que les estaban negados.

Por ejemlo: Podrán asegurar a sus parejas, heredarles, unir sus creditos para adquirir una vivienda y mucho más.


Pasaron cinco años desde que se presentó la primera iniciativa ante el pleno de la ALDF para que esta legislación se cristalizara, aunque no entrará en vigor de inmediato, pues un artículo transitorio detalla que previo a su promulgación, las delegaciones y el jefe de Gobierno contarán con 120 días para realizar adecuaciones jurídicas y administrativas que permitan la correcta aplicación de la ley.

Esos 120 días se contarán a partir de que el decreto aprobado ayer por la Asamblea se publique en la Gaceta Oficial del DF. Víctor Círigo, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, confió en que antes de diciembre la administración de Alejandro Encinas publique el documento, con lo que entraría en vigor hasta marzo de 2007.

Las sociedades de convivencia se registrarán ante la dirección jurídica de la delegación en donde quede establecido el hogar común y a partir de ese momento, quienes se apeguen a esta figura tendrán obligaciones, como proporcionarse alimentos, pero también se generarán derechos sucesorios.

Los legisladores del PRD, Alternativa, PT, Convergencia y dos diputados de Nueva Alianza, Xiuh Tenorio y Rebeca Parada, votaron a favor de la propuesta. En contra sufragaron el PAN y el asambleísta Fernando Espino Arévalo, de Nueva Alianza. Hago énfasis en observar el comportamiento del PAN pues en la campaña rumbo a la presidencia de 2006 leí articulos donde se observaba a una comunidad GAY dividida por los que criticaban al PAN por su postura ultra conservadora y quienes defendian su punto a capa y espada. Ojo, no estoy diciendo que no fueran una buena opcion, como cada partido tendran sus pros y contras pero para los homosexuales que alguna vez pensaron que del PAN obtendrían al menos un poco de apoyo lamento decir que se equivicaron pues en la bancada panista el voto fue unanime y en contra de dicha ley. (Y lo hago solamente para que observen y no se dividan, y si hay ideas diferentes haya esa tolerancia que tanto exigen. Que no se ataquen entre si, y menos por políticos)

Los cuatro legisladores del PRI inicialmente votaron a favor, durante la discusión en lo general del dictamen, pero en los sufragios en particular su voto fue en contra, pues el PRD no aceptó ninguna de las modificaciones que los priístas plantearon a 20 de los 25 artículos que integran esa norma.

¿Porque es un importante paso para las leyes Mexicanas?

Porque homosexuales o no, todos los seres humanos debemos contar con los mismos derechos y el respeto que nos hace dignos ante cualquiera.

Durante cientos de años en México (y en general en el mundo entero) los homosexuales han tenido parejas, han vivido juntos y sin embargo la mayoria de las veces sin ciertas ventajas jurídicas que las parejas heterosexuales si tienen.

Esta ley otorga a esos ciudadanos ciertos derechos y a su vez obligaciones, pero imagino que como todas las leyes después tendrá que pulirse. Que la iglesia católica y la sociedad de las buenas costumbres van a pegar el grito en el cielo pero ya es hora de que nuestro país tome un nuevo rumbo con respeto a los derechos de todos por igual.


Creo y veo con mucho gusto que las nuevas generaciones son mas tolerantes a la diversidad no solo sexual, tambien de gustos, modas, estilos y formas de vivir y de pensar.

Quisiera creer en una sociedad que no te pre-juzgue por ponerte un tatuaje, un piercing, pintarte el pelo de mil colores o tener una pareja de tu mismo sexo. Creo que el amor es eso, que se puede dar entre hombres y mujeres, que si dos personas son felices juntas tienen todo el derecho de compartir esa vida, quererse y apoyarse como cualquier pareja.

 

 

 

10 puntos clave de la Ley de Convivencia

 

1- Hace cinco años se presentó la primera iniciativa de ley muy parecida a la propuesta actual. La Ley de Sociedades en Convivencia se ha dictaminado en comisiones cuatro veces -todas a favor-, pero en ninguna se ha logrado su ratificación ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

2.- Se contempla el reconocimiento de la unión jurídica entre personas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad, que deseen establecer un hogar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua.

3.- Se busca atender realidades sociales no reconocidas ni tuteladas por el Estado; además, no se pretende transgredir las formas de convivencia existentes.

4.- Esta propuesta está respaldada abiertamente por el PT, Convergencia, Alternativa y el PRD.

5.- Deja fuera la posibilidad de que los "convivientes" adopten y no equipara a la sociedad en convivencia con el matrimonio.

6.- De los 26.6 millones de hogares que hay en el país, 2.1 millones están conformados por personas sin parentesco.

7.- De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral, cerca de 20% de la población mexicana tiene o ha tenido parejas del mismo sexo; además, según la Primera Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2005, 94% de personas homosexuales se perciben discriminadas y 70% considera que la discriminación ha aumentado.

8.- La novedad es que las personas podrán acudir al Tribunal de los Contencioso Administrativo si las direcciones jurídicas y de gobierno de las delegaciones se niegan a aceptar y registrar solicitudes de sociedad en convivencia, como señala la ley.

9.- Se prevén sanciones, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para los funcionarios que discriminen, actúen por omisión o negligencia.

10.- Los parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o colaterales hasta en cuarto grado no podrán apegarse a esta ley.

Conclusión

La llamada ley de convivencia asi como su polémica entrada en vigor vienen en un momento de suma delicadeza en el sistema jurídico mexicano. Como si no fuera suficiente con la inoperancia de la ley para poder contener en su cuerpo jurídico normas eficaces para lograr combatir el fenómeno jurídico-social mas grande que se ha enfrentado nuestro país (el narcotráfico); el legislador ha volteado su cabeza hacia una modernidad y libertad jurídica que no tenia precedentes en nuestra nación.

En el marco globalizador en que vivimos, es impensable que se sigan restringiendo las libertades de los hombres, desde aquella mas esencial hasta aquella que permite unirse a libre voluntad con personas del mismos sexo.

Los mexicanos hoy tienen en mente muchos más problemas de que ocuparse que de andar por ahí discriminando a una bola de homosexuales que simplemente quieren esa seguridad para poder vivir sus relaciones de la misma manera que las parejas heterosexuales; y es que es impensable el hecho de discriminar antes que aceptar y de legislar antes de pensar.

Este hecho jurídico lleva a México a la elite de sociedades modernas que aceptan la unión homosexual en su sistema jurídico, pero tal pareciera ser que es una especie de fama lo que se busca, una impresión ante el mundo y no realmente incluir a los homosexuales. No solo se debe de pugnar por una ley justa para ellos, sino se debe trabajar en contra de la discriminación y abusos que sufren este tipo de personas en la sociedad mexicana, manchada por siglos de machismo y de poligamia.

 BIBLIOGRAFIA

http://leydesociedadesdeconvivencia.blogdiario.com/i2006-11/

http://www.asambleadf.gob.mx/is52/010803000081.pdf

http://www.eluniversal.com.mx/notas/386811.html

http://www.mexicolegal.com.mx/cafeteando-ver.php?id=452

 

 

PRINCIPIO